El Congreso del Estado de Sinaloa, recibió formalmente el día de ayer la solicitud de desafuero del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, señalo el presidente de la Junta de Coordinación Policita (JUCOPO), Feliciano Castro Melendrez, “el día de ayer, por la tarde, ya entrada la tarde, llegó al Congreso del Estado la solicitud de declaración de procedencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. En otras palabras, la Fiscalía nos solicita podamos revisar su planteamiento para efecto de que pueda dársele curso al desafuero o si consideramos que no procede pues declararlo improcedente”.
Dijo que de manera particular a él no le corresponde revisar el expediente, “es una solicitud cuyo curso es el siguiente: se turna al Pleno, el Pleno a su vez lo turna a la Comisión Instructora. La Comisión Instructora es quien estudia, revisa, y emite dictamen, mismo que regresa al Pleno y en ese momento la Asamblea de Diputados va a discutir, eventualmente de manera previa podrán estar presentes para ofrecer sus alegatos, tanto el que denuncia como el denunciado. Esa es la ruta, por lo tanto yo no conozco el documento. La Asamblea solo va a conocer la solicitud. Reitero, el expediente lo conoce la Comisión Instructora. Hay dos vías que ahorita se están siguiendo: uno, que ya está en curso lo del juicio político y este, la declaratoria de procedencia, popularmente conocido como desafuero sería la otra vía. Esa es la circunstancia actual que le podemos informar”.
En cuanto a los tiempos en que podría emitirse el dictamen en torno a la petición de la Fiscalía, Castro Melendrez preciso que según el proceso podría ser en un mes, “llegado el documento hay cinco días para que la Mesa Directiva convoque a la sesión correspondiente o en el marco de las sesiones ordinarias… No puedo yo determinar el tiempo exacto que se va a llevar porque desconozco, porque no me toca a mi determinarlo. La ley contempla esos dos momentos, esos dos plazos. Deberá convocarse a Asamblea a los siguientes cinco días después de revisado o se habrá de tratar el asunto. Y la Comisión Instructora recibiendo la solicitud tiene un plazo máximo de treinta días para emitir el dictamen. Puede ser en diez días, en quince, en veinte, en ese lapso, cuando la Comisión Instructora con base a los requerimientos de tiempo que esta tenga hará los plazos según su propia dinámica”.
Reiteró que en el Congreso no se conduce en función de motivaciones personales, de situaciones de venganzas políticas. “Con la constitución en la mano asumimos las facultades que tiene el Congreso, observamos justamente sus funciones con apego a la constitución, con la estricta observancia de los derechos humanos que le corresponden tanto a los que denuncian como al denunciado, y en este proceso vamos a poner invariablemente por delante la presunción de inocencia. Será la investigación, lo que resulte, la que habrá de determinarlo. Yo reitero: no hay ningún conflicto de orden personal, mucho menos rencores. Nosotros no definimos nuestra participación en política en base a la conducta de otros. Tenemos un proyecto que debe correr por los cauces que marca la constitución y las leyes que de esta emanen, y en esto estamos”.
