lunes, octubre 3, 2022
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Morena pide investigar a Samuel García y Mariana Rodríguez por “sustracción de menor de edad”

Morena en la Cámara de Diputados solicitó formalmente a la Comisión Permanente del Congreso que exija investigar “por sustracción de un menor de edad”, del albergue DIF Capullos en Nuevo León, al gobernador Samuel García Sepúlveda y a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, así como los funcionarios que permitieron el hecho.

La solicitud fue realizada a través de un punto de acuerdo de la vicecoordinadora de los diputados morenistas, Aleida Alavez Ruiz, y de su compañero Pablo Almícar Sandoval Ballesteros, quien presentó el exhorto este miércoles en la tribuna durante la sesión de la Permanente.

“Venimos a presentar un punto de acuerdo para solicitar que se haga una investigación exhaustiva sobre lo que ha pasado hace unos días con la sustracción de un menor de uno de los albergues en el estado de Nuevo León, para utilizarlo de manera cínica, me parece, a un menor de cinco meses, para utilizarlo en la promoción en sus redes sociales por parte de dos ciudadanos, servidores públicos, por cierto”, dijo.       

El 14 de enero pasado, Mariana Rodríguez Cantú, quien es empresaria, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, mediante sus redes sociales publicó que solicitó y obtuvo un permiso de convivencia domiciliaria, por un fin de semana, con un niño en resguardo del DIF Capullos.

El punto de acuerdo resalta que la solicitud es “a todas luces irregular” porque la familia del gobernador no mantiene ningún vínculo familiar o jurídico con el niño, ni hay un proceso de adopción de por medio que, en todo caso, permitiría la salida del menor.

Apuntan que el caso podría evidenciar, incluso, “el uso indebido de influencias” y que el propio DIF en su página de internet indica que una solicitud de convivencia sirve para “mantener el vínculo afectivo de una niña, niño o adolescente, con su familia de origen o extensa, pues con esta actividad se busca restituir el derecho de los infantes a vivir en un entorno familiar libre de violencia de manera indefinida”.

“Dicen ellos que obtuvieron un permiso para un fin de semana y evidentemente hay derechos violados: el derecho a la intimidad del menor, a la protección de sus datos personales, a su salud, a los cuidados que debe tener un menor, un niño, a su dignidad, la su seguridad personal, y en general el interés superior de la niñez que ya está consagrado en nuestra Constitución.

“La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe la difusión de las imágenes de niños para proteger su identidad, intimidad y datos personales, lo cual fue violado flagrantemente”, expuso Almícar Sandoval.

Los legisladores resaltaron que para ser una familia de acogida se requiere una certificación, requisito que al momento no han demostrado ambos personajes.

“Se incumplieron además protocolos y procedimiento administrativos y hubo uso indebido de atribuciones por parte de estos dos ciudadanos funcionarios. Y organizaciones no gubernamentales y expertos se han pronunciado porque estos hechos podrían configurar hasta delitos contra niñas, niños, y se podrían configurar delitos como la trata con fines de explotación, comercial, sexual, trabajo forzado, entre otros.

El punto de acuerdo, turnado a comisiones para dictamen, propone que la Permanente “exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y a sus homólogos de la entidad federativa de Nuevo León, a que investiguen los hechos y a las personas que permitieron la salida por un fin de semana, con presuntos fines de convivencia familiar, de un niño del albergue del DIF Capullos de Nuevo León, al domicilio de Mariana Rodríguez Cantú y de su esposo Samuel García Sepúlveda, gobernador de esa entidad, y rindan un informe que contenga los elementos que dieron lugar a los hechos”.

También, que las mismas autoridades promuevan cualquier acción administrativa o incluso de carácter penal contra las personas responsables de los hechos, “a fin de fincar las responsabilidades administrativas que correspondan y presentar denuncias penales por las posibles conductas constitutivas de delito”.

Con información de El Universal

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